Este martes 27 de mayo se abre una etapa clave en el proceso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven chaqueña desaparecida en junio de 2023 en Resistencia. A las 9 de la mañana, en el edificio del Poder Judicial, se dará inicio a las audiencias preliminares, paso previo al juicio por jurados que buscará esclarecer uno de los crímenes más conmocionantes y políticamente sensibles de la historia reciente de la provincia.
Presidida por la jueza de Cámara Dolly Fernández, esta fase procesal —que se realizará cada martes y jueves— permitirá que las partes presenten las pruebas que llevarán al debate oral, formulen objeciones y resuelvan aspectos formales, bajo los principios de oralidad, inmediatez y buena fe. Estarán presentes el equipo fiscal especial (Nelia Velázquez, Jorge Cáceres Olivera y Juan Martín Bogado), los abogados querellantes, los imputados y sus defensores.
Aunque se trata de una instancia técnica, las audiencias preliminares marcan el inicio formal del tramo final de la causa, y mantienen un altísimo nivel de atención pública, no solo por la gravedad del delito, sino por la identidad de los acusados: César Sena, pareja de Cecilia, y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, conocidos referentes sociales vinculados durante años al poder político chaqueño.
Desde el 2 de junio de 2023, día en que Cecilia fue vista por última vez al ingresar a la vivienda de los Sena, el caso ha evolucionado como símbolo del femicidio con trasfondo de impunidad estructural. El expediente 22.632/2023-1, caratulado como “Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio”, ha expuesto, además, las tensiones entre poder judicial, poder político y organizaciones sociales que durante años tejieron redes de protección y silencio.
Si bien las audiencias serán grabadas en audio y video, el acceso a la cobertura estará limitado. Solo los medios acreditados podrán ingresar brevemente antes de cada sesión. El resto del material será distribuido por el Área de Prensa del Superior Tribunal de Justicia, lo que también genera interrogantes sobre el grado de apertura pública del proceso en una sociedad que ha exigido transparencia desde el primer día.
Con el juicio por jurados en el horizonte, previsto por la ley chaqueña para delitos como el femicidio, la provincia encara una prueba institucional que va mucho más allá de lo jurídico: el caso Cecilia se convirtió en un espejo incómodo que refleja violencias solapadas, connivencias de poder, y la demanda social de que esta vez, la justicia no mire para otro lado.