Con la resolución 1066/25 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Gobierno dio un paso clave en la implementación de la reforma laboral contemplada en la Ley Bases: desde ahora, empleadores y sindicatos podrán acordar reemplazar la indemnización tradicional por fondos de desempleo administrados con instrumentos financieros.
Inspirado en el modelo vigente en la industria de la construcción desde 1980 —instituido durante la última dictadura— el nuevo sistema permite a las empresas realizar aportes mensuales para constituir un fondo que el trabajador podrá cobrar cuando finalice la relación laboral, sin importar la causa. Esta alternativa no es obligatoria, pero el marco legal y reglamentario ya está en funcionamiento.
La norma permite que los convenios colectivos definan entre tres variantes: un pago directo al momento de la desvinculación, un fondo de cese (individual o colectivo), o un seguro laboral. En todos los casos, los fondos podrán capitalizarse a través de cuentas bancarias especiales, fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. La CNV regulará las pautas de inversión, limitando, por ejemplo, la concentración en sectores específicos para reducir riesgos.
Este esquema marca un cambio profundo en el régimen laboral argentino: desplaza el principio histórico de protección ante el despido hacia una lógica de acumulación individual y mercado financiero. La propuesta apunta a reducir la litigiosidad y los costos laborales, pero también introduce un nuevo nivel de incertidumbre para los trabajadores, que dependerán del rendimiento de inversiones para garantizar su protección frente al desempleo.
El sector empresarial celebró la medida, mientras que los gremios se mantienen cautelosos. Aunque la resolución no obliga a nadie, el avance del Ejecutivo sobre el sistema indemnizatorio tradicional ya despierta tensiones en varias negociaciones paritarias. Para muchos sindicatos, se trata de un paso más hacia la flexibilización laboral que promueve el oficialismo.