La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este martes el procesamiento de once oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, la Policía del Chaco y el Servicio Penitenciario Federal, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979. La resolución, firmada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, ratifica las imputaciones por “privación ilegal de la libertad” y “tormentos agravados” en perjuicio de 23 víctimas, entre ellas un bebé de ocho meses, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y militantes sociales.
Los imputados
Ejército Argentino: extenientes coronel Aldo Martínez Segón y Tadeo Bettolli, y el exteniente primero Alberto Patteta.
Policía del Chaco: excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente; exsuboficial mayor Gabino Manader; exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra; exsargento José Marín; exagente Emilio Zárate; y el agente de Comunicaciones Ignacio López.
Alcaidía Policial y U7: el oficial Juan Ramón Rodríguez Valiente (Alcaidía Policial), el exalcaide y jefe de guardia Pablo César Casco (Unidad Penitenciaria Federal U7).
Contexto de la causa
La denominada “Causa Caballero IV” investiga crímenes de lesa humanidad perpetrados en centros clandestinos de detención chaqueños: la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía Policial y la ex cárcel federal U7. Entre las víctimas se cuentan militantes de la Juventud Peronista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), integrantes de las Ligas Agrarias y vecinos con activismo social en parroquias y barrios. Fueron secuestradas en operativos conjuntos entre Ejército y Policía, trasladadas a la Brigada y luego a las demás dependencias.
Revocación de faltas de mérito
La Cámara también revocó las faltas de mérito que beneficiaban al agente Ignacio López y al exsuboficial Humberto Maidana, ordenando que se dicte nueva resolución sobre su situación procesal, tras las apelaciones presentadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal y las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos provincial y nacional.
Antecedentes
El 30 de diciembre de 2024, la jueza Zunilda Niremperger había procesado con prisión preventiva a los mismos once imputados, trabando embargos sobre sus bienes por montos que oscilan entre diez y noventa millones de pesos y ordenando la detención de tres de ellos, que no estaban cumpliendo condenas previas por otros procesos. En esa instancia, la magistrada entendió probado el “modus operandi sistemático” de torturas y privaciones de libertad para obtener información de otros detenidos.
Lo que sigue
Con esta confirmación, la causa Caballero IV se encamina ahora hacia la elevación a juicio oral. La decisión de las juezas Alcalá y García refuerza la línea jurisprudencial que considera los crímenes de Estado como “delitos de lesa humanidad” imprescriptibles. Por delante quedará definir fechas para la audiencia de debate y profundizar el análisis de la cadena de mando que ordenó y amparó estas prácticas represivas.