La exintendenta de Resistencia enfrenta nuevas acusaciones por maniobras fraudulentas con fondos nacionales. Está imputada junto a otros tres exfuncionarios y un proveedor cercano.
La exintendenta de Resistencia y exdiputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados este martes en los tribunales federales de la capital chaqueña. Está acusada de haber participado en una operación fraudulenta para direccionar fondos públicos del programa “Mi Pueblo” hacia una empresa privada, durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri como secretaria de Asuntos Municipales.
Según la investigación impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, Ayala habría favorecido con una contratación directa al empresario Claudio Tolosa, titular de la firma Service Hogar, para la provisión de herramientas y maquinaria destinada al municipio de Quitilipi. El monto total del convenio fue de $998.537, de los cuales Tolosa cobró $960.093 mediante un cheque que retiró casi en su totalidad en apenas cinco días.
El fiscal sostiene que la adjudicación se realizó con sobreprecios notables y que existía una relación previa entre Ayala y el proveedor, así como con dos asesores enviados por la propia exfuncionaria al municipio: el abogado Matías Balmaceda Paiva y el contador Miguel Ángel Vilte. Todos están imputados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, que prevé hasta seis años de prisión en el caso de Ayala por su rol como funcionaria pública.
La causa se inició en 2018 a raíz de una denuncia presentada por el abogado Fidel Toledo ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco. En el expediente se detalla que Ayala firmó el convenio con el entonces intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, quien también declaró en la causa y reconoció que las decisiones pasaban por la exsecretaria de Asuntos Municipales.
El juicio oral estará a cargo del fiscal Federico Carniel y se espera que dure cinco audiencias, con más de 30 testigos citados, entre ellos el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio –quien fue jefe de Ayala en el Ministerio del Interior–, y el exintendente de Resistencia, Jorge Capitanich.
No es la primera vez que Ayala enfrenta cargos por corrupción. En febrero de 2024 fue condenada a tres años de prisión condicional en el marco de la llamada causa PIMP, también por maniobras fraudulentas con fondos públicos durante su gestión municipal. En aquel expediente, se investigó un convenio con la empresa PIMP S.A. para el servicio de recolección de residuos en Resistencia, que también habría estado direccionado con sobreprecios y beneficios indebidos. En esa causa, el actual gobernador del Chaco, Leandro Zdero, figuraba como jefe de Gabinete municipal y tuvo participación en los hechos investigados, aunque no resultó imputado.
Durante ese juicio, Ayala no llegó a escuchar la sentencia: sufrió una descompensación antes de que se leyera el fallo. En esta nueva instancia judicial, la fiscalía podría solicitar una pena de prisión efectiva de hasta siete años.
Ayala, referente de la Unión Cívica Radical en Chaco, gobernó la capital provincial entre 2003 y 2015. Fue candidata a gobernadora en 2015 por Cambiemos, y más tarde integró el gabinete nacional de Macri. En 2017 fue electa diputada nacional. Hoy, enfrenta un nuevo capítulo judicial que vuelve a ponerla en el centro de la polémica.