Mientras se niega a homologar el acuerdo del 5,4% firmado por el gremio de Comercio, el oficialismo busca frenar la recomposición salarial y anticipa semanas de alta conflictividad. En medio de crecientes tensiones gremiales, el Gobierno nacional confirmó que no avalará ningún acuerdo salarial que supere la pauta del 1% mensual. Así lo ratificó un alto funcionario del Ejecutivo a Infobae, al señalar que «no hay más discusión salarial por inflación», en un contexto donde la Secretaría de Trabajo se niega a homologar el incremento del 5,4% firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).
La decisión oficial responde a una estrategia del Ministerio de Economía, que apunta a anclar expectativas inflacionarias evitando convalidar recomposiciones por inflación pasada. En esa línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó el tope paritario al advertir que permitir subas mayores “genera un ciclo vicioso de aumentos salariales y precios”.
La paritaria firmada entre FAECYS y las principales cámaras del sector (CAC, CAME y UDECA) contempla un incremento escalonado del 5,4% para el trimestre abril-junio, más sumas fijas por $115.000, que se incorporarán al salario básico desde julio. De aplicarse en su totalidad, el salario de convenio superaría los $1.120.000.
Pese a tratarse de un entendimiento entre partes legítimas, la Secretaría de Trabajo —a cargo de Julio Cordero— convocó al gremio y a las empresas a renegociar el acuerdo. El líder mercantil Armando Cavalieri no asistió a la reunión convocada y emitió un duro comunicado en el que ratificó la validez del acta, amparándose en una cláusula que habilita su implementación aun sin homologación formal.
“¿Tener salarios que aumentan 1,7% es un riesgo inflacionario? Si eso pone en jaque la estabilidad que busca Milei, estamos en una situación muy delicada”, expresó Cavalieri. Y advirtió que el sector arrastra una pérdida salarial del 20% en lo que va del año.
Desde el sector empresario, la negativa a pagar los aumentos se hace sentir. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara de Supermercados Mayoristas (CASMA) rechazaron el acuerdo, argumentando que no fueron parte de la negociación y que su aplicación generaría un impacto cercano al 9,6%, según sus propios cálculos. Advirtieron que de homologarse, trasladarían el costo a los precios, profundizando la recesión.
La pulseada con Comercio se da en un contexto más amplio: según un relevamiento oficial, de 23 acuerdos salariales firmados entre enero y marzo, solo dos lograron ganarle a la inflación acumulada del período (Plásticos y Maestranza). El resto cerró por debajo, incluyendo sectores clave como construcción, bancarios, camioneros y sanidad.
El malestar sindical va en aumento. La CGT ya advirtió que no puede haber “libertad de precios y paritarias pisadas”, y evalúa nuevas medidas de fuerza. Mientras tanto, el conflicto salarial se vuelve uno de los principales frentes de tensión para un Gobierno que apuesta todo a la desaceleración inflacionaria.