La necesidad de volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) expone, sin atenuantes, el fracaso del programa económico impulsado por Javier Milei. Un ajuste clásico, sin inversiones productivas ni estrategia de desarrollo, repite la vieja condena argentina: como Sísifo empujando eternamente su piedra cuesta arriba, la economía nacional parece condenada a retroceder antes de alcanzar su recuperación.
Sin dólares genuinos ni una matriz productiva sólida, el colapso aparece como un desenlace inevitable de este modelo. El deterioro económico impactará no solo en la generación actual, sino que condicionará el futuro de varias generaciones de argentinos.
Las autoridades del FMI conocen de sobra esta realidad y temen las consecuencias que un nuevo fracaso podría tener, no solo para la economía argentina, sino para el propio «Edificio», como denominan internamente a su sede central. En este contexto se entienden las declaraciones de la directora gerente Kristalina Georgieva, quien expresó de manera abierta su respaldo a Milei. Un gesto insólito, que vulnera la soberanía política argentina y rompe con la neutralidad que el organismo debería respetar en los procesos democráticos de sus países miembros.
El préstamo otorgado a la Argentina —como ya ocurrió en 2018— responde más a razones políticas que técnicas. El FMI necesita sostener este experimento económico para recuperar el mayor préstamo de su historia, hoy considerado por sectores internos del propio Fondo como un crédito “impagable”.
El costo para la Argentina es inmenso: solo entre intereses, el país ha desembolsado 12.000 millones de dólares desde 2018, y se proyecta que deberá pagar otros 18.000 millones hasta 2030. Son recursos que no se volcarán al desarrollo productivo ni a la creación de empleo, sino que perpetuarán un esquema de ajuste sobre salarios, jubilaciones, salud, educación, ciencia, tecnología y obra pública.
Hoy el Gobierno celebra el refuerzo de reservas como una victoria coyuntural. Pero el problema real es estructural: una deuda colosal, un modelo de exclusión y especulación, y una soberanía política cada vez más debilitada. Con el FMI en escena, las reglas ya no las dicta el Gobierno argentino: las dicta el Fondo.
La situación es dramática no solo en términos financieros, sino también en términos de vida cotidiana. A contramano de sus promesas, el oficialismo aseguró que el ajuste evitaría inflación y nuevo endeudamiento. La realidad muestra otra cosa: inflación creciente, nueva dependencia del Fondo, y un horizonte de crisis que amenaza la sostenibilidad misma de la vida en la Argentina.
En este contexto, la única salida posible es planificar estratégicamente un modelo de país: una matriz productiva diversificada, moderna y federal, capaz de crear empleo de calidad, competir en los mercados internacionales y garantizar un Estado innovador y multifacético, no uno reducido al mínimo.
Sin ese horizonte de consenso y construcción colectiva, será difícil recuperar la esperanza en el sueño argentino del progreso y la movilidad ascendente.