España ha admitido públicamente que sus barcos pesqueros se benefician de los recursos del Atlántico Sur, incluyendo zonas adyacentes a las Islas Malvinas y otros sectores bajo jurisdicción argentina. El reconocimiento fue realizado a través del Ministerio de Agricultura y Pesca del país ibérico, que atribuyó esta situación a la ausencia de acuerdos diplomáticos pesqueros entre Argentina y el Reino Unido, potencia ocupante del archipiélago.
La advertencia fue retomada en una reciente publicación de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA), que denunció nuevamente el impacto creciente de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en las aguas del Atlántico Sur. Según CAPA, el vacío institucional generado por la falta de una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) para la zona, sumado a la escasa cooperación regional, ha abierto las puertas a prácticas depredatorias por parte de flotas extranjeras.
En este contexto, Uruguay también aparece mencionado como un actor clave. Desde CAPA señalan al Puerto Capurro, en Montevideo, como el principal punto logístico para los buques que operan al borde de la milla 200 o en cercanías de Malvinas. La entidad advierte que allí rigen normas fiscales y aduaneras muy permisivas, sin controles exigentes sobre la carga, lo que facilita la actividad de las flotas extranjeras dedicadas a la pesca furtiva.
La situación es alarmante. Datos recientes de la revista Science Advances indican que el 85% de la pesca ilegal a nivel global es protagonizada por cinco países: China, Corea del Sur, España, Japón y Taiwán. Según estimaciones de la FAO, estas flotas capturan de forma no regulada más de 26 millones de toneladas por año, afectando gravemente caladeros estratégicos como los del Atlántico Sur.
Argentina, según la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, figura como el tercer país del mundo más perjudicado por este tipo de pesca ilegal. Desde CAPA hacen un llamado urgente a que los países del Mercosur, en línea con los compromisos asumidos en la Declaración de Mendoza de 2017, adopten medidas conjuntas y concertadas para regular el tamaño de las flotas, reforzar la fiscalización y prohibir las subvenciones a prácticas ilegales. Advierten que, de no actuar, la sobreexplotación seguirá creciendo de forma geométrica, poniendo en riesgo no solo los recursos pesqueros argentinos, sino también el equilibrio ecológico de todo el Atlántico Sur.