El Tribunal Penal N°1 de Posadas condenó este miércoles al exdiputado provincial Germán Kiczka a 14 años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Su hermano, Sebastián Kiczka, fue condenado a 12 años. La sentencia marca un fallo histórico en la provincia y en la lucha contra los delitos informáticos vinculados a la explotación sexual infantil.
La investigación comenzó en enero de este año a partir de un reporte internacional de la organización Child Rescue Coalition, que, junto con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), detectó direcciones IP en Argentina vinculadas al intercambio de material ilegal. La alerta fue enviada a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (Ufedyci), lo que dio inicio a la causa local.
Según las pericias, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, desde los dispositivos incautados en el domicilio de Kiczka se descargaron y compartieron al menos 603 archivos de explotación infantil. También se halló material relacionado con prácticas zoofílicas, lo que agravó el cuadro probatorio.
Durante el juicio, que se llevó a cabo en su mayoría a puertas cerradas para proteger la identidad de las víctimas, la fiscalía encabezada por Martín Rau y Antonio Glinka solicitó penas de 15 y 12 años respectivamente. El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya, resolvió por mayoría condenar a ambos hermanos.
La defensa de Germán Kiczka insistió con una hipótesis de persecución política y cuestionó el origen de la investigación, lo que fue rechazado por la fiscalía, que recordó que el caso se inició en el marco de una operación internacional de lucha contra el abuso sexual infantil en línea.
Kiczka había sido electo por el partido Activar, y tras el inicio de la causa fue suspendido y luego expulsado por unanimidad de la Cámara de Diputados de Misiones. Durante el proceso judicial, estuvo prófugo algunos días hasta ser encontrado en un camping en la provincia de Corrientes.
El fallo representa un precedente importante en cuanto al procesamiento de casos de abuso digital y distribución de pornografía infantil en el país, y refuerza la cooperación entre organismos internacionales y la Justicia argentina para combatir este tipo de delitos.