El Consejo de la Magistratura clausuró este miércoles 27 de mayo el proceso disciplinario contra cuatro jueces federales —Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques— por el escandaloso viaje a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Bariloche. También se benefició con el cierre Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia porteño, y Juan Bautista Mahiques, procurador general de la Ciudad. Todos ellos habían sido acusados de recibir dádivas: pasajes, alojamiento, comidas y actividades pagadas por el Grupo Clarín, empresarios amigos del PRO y el propio Lewis, cuyas causas judiciales luego tramitaron o beneficiaron.
Aquel viaje de octubre de 2022 fue mucho más que una escapada de fin de semana: fue una radiografía del poder real en la Argentina. Poder político, judicial y mediático en una misma foto, con etiqueta VIP y cargado al debe. Pero la Comisión de Disciplina del Consejo decidió archivar el caso, con el argumento de que la justicia penal ya había hecho lo mismo. Se aferraron a la controvertida decisión de Comodoro Py, que había cerrado el expediente por considerar que las filtraciones que expusieron el escándalo eran “pruebas obtenidas de modo ilegal”. En otras palabras, la ética quedó subordinada a la cadena de custodia.
La votación terminó 6 a 4. Los cuatro votos que aseguraron el blindaje fueron los representantes del estamento judicial, que hace dos semanas se habían levantado para evitar el quorum. A ellos se sumaron el consejero académico Hugo Galderisi y el senador radical correntino Eduardo “Peteco” Vischi, que una vez más demostró su habilidad quirúrgica para cerrar investigaciones incómodas. Ya lo había hecho en el Senado, en los casos de la criptoestafa $Libra y para evitar interpelaciones a la hermana del presidente, Karina Milei.
Los consejeros que votaron por continuar el proceso —César Grau, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Luis Juez— no pudieron torcer una decisión que parecía escrita de antemano. La diputada y consejera Vanesa Siley lo resumió con crudeza: “Estamos hablando de jueces federales que aceptaron un viaje todo pago, intentaron encubrirlo con facturas truchas, y luego intervinieron en causas que beneficiaron a quienes los invitaron. ¿Nadie ve un problema ético acá?”.
El punto central no es si hubo delito penal —eso ya fue enterrado—, sino si una conducta como esa es compatible con la función judicial. Si un magistrado puede sentarse a decidir sobre la libertad o los intereses de alguien con quien compartió un whisky en una cabaña de lujo, a cargo de ese mismo alguien. En cualquier democracia seria, la respuesta sería obvia. En la Argentina del lawfare, es otra oportunidad desperdiciada.
El cierre del expediente disciplinario no sólo protege a los jueces viajeros. También hiere de muerte la legitimidad del Consejo de la Magistratura como órgano de control. ¿Qué sentido tiene investigar la conducta de los jueces si se acepta como válida la coartada de la falta de delito, aun cuando las pruebas de la connivencia son públicas y explícitas?
Mientras se anula un juicio por la parcialidad de una jueza convertida en estrella de un documental, se bendicen viajes de placer financiados por empresarios con causas pendientes. La justicia argentina no sólo perdió credibilidad. Perdió el pudor.