En un gesto que mezcla discurso reformista, giros ideológicos y rupturas institucionales, el Ministerio de Salud de la Nación anunció un ambicioso rediseño del sistema sanitario argentino. El anuncio se hizo en el marco de la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., referente estadounidense conocido por sus posturas polémicas y su militancia contra las vacunas obligatorias. El contexto no es menor: el Gobierno reafirmó además su decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hecho inédito que marca un viraje radical en la política sanitaria nacional.
El ministro Mario Lugones presentó el nuevo modelo como un cambio de paradigma: de un sistema que “repara enfermedades” a uno “que cuida la salud, basado en evidencia científica”. Sin embargo, buena parte de las medidas presentadas parecen más apuntadas a recortar, desregular y romper consensos sanitarios históricos que a fortalecer la salud pública.
Entre los anuncios, se incluye la revisión estructural de entes sanitarios nacionales —a los que se acusa de estar plagados de normas obsoletas y superposición de funciones— y la promesa de “transparentar” procesos, en un tono que parece más interesado en cuestionar la existencia misma del aparato estatal que en mejorarlo. “El sistema debe servir a las personas y no a la burocracia”, repite el comunicado oficial, en línea con una retórica que confunde eficiencia con desmantelamiento.
Otro eje preocupante es la intención del Gobierno de revisar la autorización de medicamentos de alto costo, especialmente aquellos dirigidos a niños o a enfermedades poco frecuentes. El planteo, que se presenta como una “discusión técnica sobre sostenibilidad”, abre la puerta a recortes encubiertos en tratamientos que suelen ser el último recurso para miles de familias.
En lo que probablemente sea la medida más controvertida, el Ministerio propone modificar los criterios de aprobación y supervisión de vacunas, exigiendo que todas pasen por ensayos clínicos con grupo placebo. Aunque el comunicado aclara que “revisar no es negar”, la mención explícita de la vacuna contra el COVID como ejemplo negativo y el contexto internacional del anuncio resuenan con los argumentos del negacionismo sanitario y los movimientos antivacunas.
Si bien se afirma que se mantendrán campañas “seguras y con consenso internacional”, como la del sarampión, la ambigüedad del mensaje siembra dudas sobre la continuidad de programas de vacunación masiva, y sobre la coherencia de una política pública que denuncia falta de evidencia mientras se retira del mayor organismo científico-sanitario del mundo.
Por otro lado, el anuncio de una agenda para “revisar y restringir aditivos sintéticos en alimentos” —una demanda legítima de muchos sectores— parece más una cortina de humo para suavizar una batería de medidas que debilitan el rol del Estado en la garantía de derechos básicos como el acceso a la salud, el medicamento y la prevención.
En definitiva, el nuevo modelo sanitario que propone el Gobierno genera más interrogantes que certezas. Detrás del discurso de la transparencia y la ciencia, asoma un proyecto que desconecta al país de las redes globales de salud, relativiza la política de vacunación y reabre debates ya saldados por la comunidad científica. El resultado podría ser un sistema más ideologizado, más opaco y mucho más desigual.