El Gobierno nacional dio un paso más en su estrategia de desregulación económica con la implementación de un paquete de medidas que permite a los argentinos utilizar ahorros no declarados —los famosos “dólares debajo del colchón”— para operar libremente en el mercado sin quedar bajo el radar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
A través de un nuevo régimen impositivo y la eliminación de una serie de controles fiscales, el Ejecutivo busca incentivar la incorporación de capitales que, por miedo a penalizaciones o falta de confianza en el sistema, históricamente se mantuvieron fuera del circuito formal.
En un país acostumbrado a convivir con la inflación, la inestabilidad cambiaria y la desconfianza en el sistema financiero, ahorrar en dólares y fuera del sistema bancario se volvió una práctica común. Ahora, el gobierno de Javier Milei apuesta a canalizar esos fondos hacia el consumo y la inversión sin que los contribuyentes enfrenten consecuencias fiscales por haberlos mantenido ocultos.
La iniciativa se apoya en dos pilares clave: la eliminación de regímenes de información automática —entre ellos los que aplicaban a compras en supermercados, operaciones inmobiliarias, venta de autos usados, consumos relevantes y transferencias bancarias— y la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Este nuevo esquema permite a quienes se adhieran dejar de informar consumos e incrementos patrimoniales, debiendo tributar únicamente sobre los ingresos, sin justificar el origen de los fondos utilizados en sus operaciones.
El nuevo esquema fija umbrales de hasta $50 millones mensuales (alrededor de USD 43.500 al cambio oficial) por persona para operaciones como transferencias bancarias, acreditaciones en billeteras virtuales y compras en comercios. También permite hacer extracciones en efectivo por hasta $10 millones al mes. Además, se habilita la compra de bienes registrables como autos y propiedades, la realización de plazos fijos y la adquisición de bonos por hasta $100 millones al mes, así como pagos en supermercados o comercios minoristas por hasta $10 millones.
Si el contribuyente está adherido al régimen simplificado, estos montos pueden incluso ser superados sin que ARCA reciba alertas automáticas, ya que el nuevo esquema exime de informar patrimonio y consumo.
Un ejemplo claro del alcance de estas medidas es la posibilidad de adquirir un monoambiente valuado en USD 45.000. Con el tipo de cambio oficial, la operación ronda los $51,7 millones. Si el comprador está inscripto en el nuevo régimen impositivo, no debe justificar el origen de los fondos, y ARCA no emitirá alertas automáticas por incremento patrimonial. Lo mismo aplica para la compra de un vehículo usado por $30 millones: al haberse eliminado el régimen de información para la compraventa de autos, y si el pago se realiza mediante efectivo o billetera virtual dentro de los límites establecidos, la operación queda fuera del monitoreo fiscal.
Aunque estas medidas representan un alivio fiscal para miles de contribuyentes, se plantea la duda del posible blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas. Expertos tributaristas advierten que aún falta una reforma más profunda que garantice seguridad jurídica a largo plazo. Además, aclaran que estos movimientos no escapan del todo a la supervisión: operaciones inusuales o de montos muy altos pueden ser objeto de análisis por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de combatir el lavado de activos.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca facilitar la «dolarización endógena» de la economía e incentivar la circulación de capital ocioso. La esperanza oficial es que al eliminar el miedo a la fiscalización y al permitir operar con fondos no declarados, una parte significativa de los cerca de USD 200.000 millones estimados fuera del sistema comience a movilizarse, reactivando el mercado inmobiliario, automotor y el consumo en general.
Resta ver si la confianza alcanza para que el “dólar colchón” salga finalmente a la luz.