Esta semana se conocieron los datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que ubican a Chaco entre las tres provincias con la tasa más alta de homicidios dolosos de Argentina: 4,6 casos por cada 100.000 habitantes, cifra que empata al territorio chaqueño con Salta y solo queda por debajo de Santa Fe, con 4,9 casos. En contraste, el promedio nacional cayó a 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo desde que se lleva registro.
Sin embargo, el gobernador Leandro Zdero ha enfatizado reiteradamente su apuesta por reforzar la seguridad.A pesar de ello, Chaco mantiene una de las tasas de homicidios más elevadas del país durante 2024, lo que pone en tensión el relato oficial y la evolución real de la violencia letal.
No solo los homicidios preocupan, se advierte que el mismo informe de la ministra Patricia Bullrich revela un “creciente financiamiento narco en el Chaco” que, según fuentes provinciales, estaría infiltrándose en distintos sectores públicos.
La brecha entre discurso y datos
Mientras Zdero destaca los operativos policiales y la llegada de equipamiento, las estadísticas de violencia homicida no muestran aún una caída significativa en Chaco. Por otro lado, las alertas sobre “financiamiento narco” ponen en cuestión si las medidas de seguridad están atacando solo la fachada del problema o si avanzan contra las redes criminales en su origen y sus vínculos con sectores estatales.
El desafío para el gobierno chaqueño es doble:
- Reducir la tasa de homicidios hasta alinearla o dejarla por debajo del promedio nacional.
- Desarticular las estructuras de financiamiento narco, garantizando transparencia institucional y evitando que recursos ilícitos socaven la seguridad pública.
Sólo así podrá cerrarse la brecha entre las declaraciones de intenciones y los indicadores que miden la verdadera evolución de la seguridad en la provincia.