En un gesto poco habitual del gobierno de Javier Milei hacia el sindicalismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió este jueves en Casa Rosada a Héctor Daer, titular del gremio de Sanidad y uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT. La reunión, que incluyó también al ministro de Defensa, Luis Petri, se centró en un conflicto laboral en el Hospital Naval, donde están en juego 500 puestos de trabajo y la continuidad de una fundación que gestiona el centro médico.
Aunque oficialmente no formaba parte de la agenda, el encuentro ocurre en plena polémica por el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que limita el derecho a huelga en sectores considerados esenciales. El propio Daer, al retirarse de la sede gubernamental, negó haber tratado el tema durante la conversación, pero expresó su malestar ante los periodistas: “Están reiterando lo que ya había sido rechazado por la Justicia. Cambiaron la palabra trascendental por esencial, pero buscan lo mismo: imposibilitar la acción sindical”.
La CGT, que ya había logrado frenar parte del DNU 70/2023 en los tribunales, prepara ahora una nueva presentación judicial contra este intento del Ejecutivo, que planea publicarse el próximo lunes. El texto no solo reafirma restricciones a las medidas de fuerza, sino que también genera preocupación en organismos internacionales como la OIT, a la que la central obrera prevé enviar un comunicado de repudio en las próximas horas.
El encuentro con Francos se concretó por pedido directo de Daer y fue el primero de este nivel desde que Milei asumió. Hasta ahora, el Gobierno había evitado abrir cualquier canal de negociación formal con la CGT, incluso durante el último paro nacional. En ese contexto, la reunión marca una señal de apertura acotada a temas sectoriales, sin implicar un cambio de estrategia general hacia el movimiento obrero.
Pese a que Daer mencionó un principio de acuerdo sobre la situación en el Hospital Naval, no se difundieron definiciones concretas. El conflicto involucra también a la Asociación de Trabajadores del Estado y gira en torno a salarios, condiciones laborales y la posibilidad de cierre o reforma estructural del establecimiento. Por ahora, el diálogo quedó abierto, pero sujeto al calendario judicial y al rumbo político que adopte el Ejecutivo con respecto al nuevo DNU.