El Gobierno nacional presentó este jueves un nuevo régimen de blanqueo de capitales no declarados que implica una fuerte reducción en los mecanismos de control fiscal y financiero vigentes hasta ahora. En una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del ARCA Juan Pazo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, se detallaron medidas que van desde la eliminación de regímenes de información hasta la creación de un esquema tributario simplificado.
El mensaje oficial fue claro: “Tus dólares, tu decisión”, dijo Adorni, en un intento de instalar una narrativa de autonomía financiera individual frente al Estado. Sin embargo, lo que para el Gobierno es libertad, para especialistas y actores judiciales puede traducirse en opacidad, riesgo de lavado de dinero y debilitamiento de los controles contra el crimen económico.
Qué se elimina
El anuncio central fue la derogación de múltiples regímenes de información. Según explicó Juan Pazo, ya no será obligatorio que:
- Las tarjetas de crédito informen consumos al fisco.
- Los escribanos reporten operaciones de compraventa.
- Las inmobiliarias notifiquen al ARCA sobre ofertas de transferencia de inmuebles.
- Se informen pagos de expensas mayores a $32.000.
- Los registros de compraventa de vehículos usados generen reportes automáticos.
- Las empresas de servicios públicos compartan con ARCA consumos relevantes de agua, luz, gas o telefonía.
Esto implica un virtual desarme del entramado que permitía seguir la trazabilidad del dinero y detectar inconsistencias entre ingresos, consumos y declaraciones.
Cambios en los umbrales de alerta
Además de eliminar reportes, el nuevo esquema eleva considerablemente los umbrales a partir de los cuales las entidades están obligadas a informar operaciones al fisco:
- Transferencias bancarias: de $1 millón a $50 millones para personas físicas.
- Extracciones en efectivo: se informaban desde cero; ahora desde $10 millones.
- Saldos mensuales en cuentas: pasan de $700 mil a $50 millones.
- Plazos fijos: se eleva el umbral de $1 millón a $100 millones.
- Operaciones con billeteras virtuales y sociedades de bolsa: también suben a $50 o $100 millones, según el caso.
- Compras en efectivo o por otros medios: se exigía identificación desde $250 mil o $400 mil; ahora será desde $10 millones.
Estas modificaciones reducen drásticamente la capacidad del Estado para detectar movimientos atípicos o desproporcionados frente a los ingresos declarados.
Nuevo régimen de Ganancias
Desde el 1° de junio entrará en vigencia un Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias. El foco, según el Gobierno, estará puesto en la facturación y los gastos deducibles, no en los consumos ni en el patrimonio. En palabras de Pazo: “Los consumos personales no van a pasar por ARCA”. Esto supone un giro hacia una fiscalización “a ciegas” que abandona la evaluación integral del contribuyente.
A partir de mayo de 2026, cada persona deberá ingresar a su perfil en la web del ARCA para ver la propuesta de impuesto sugerida, con opción de aceptarla o rectificarla. En la práctica, el sistema se apoya en la autorregulación.
Riesgos y advertencias
Este paquete de medidas representa un cambio de paradigma: menos Estado, menos control, menos información. Para sectores vinculados a la prevención del lavado, la evasión y el financiamiento del delito, estas decisiones podrían facilitar el ingreso de fondos de origen ilícito al circuito formal sin que medie investigación ni justificación.
La UIF deberá adaptar su normativa al nuevo régimen, aunque no queda claro cómo se compatibilizará esta desregulación con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de transparencia financiera.
El Gobierno apuesta a que el incentivo de operar sin control seduzca a quienes tienen dólares fuera del sistema. La pregunta es cuánto está dispuesto el país a resignar en términos de legalidad y reputación internacional a cambio de ese flujo.