El martes 20 de mayo de 2025, el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), Germán Eduardo Oestmann, presentó ante la Procuración General de la Nación un pedido formal de auditoría funcional integral a la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, actualmente bajo la responsabilidad del fiscal federal subrogante Carlos Martín Amad. El escrito, de ocho páginas, denuncia “desvíos de deberes funcionales” y un “grave conflicto con la autonomía universitaria”, atribuibles a presuntas irregularidades en la gestión de causas vinculadas a la casa de estudios.
Según detalla la petición, fechada el 14 de mayo, tanto el Consejo Superior de la UNCAus como el propio rector ya habían elevado en 2022 denuncias por mal desempeño y faltas administrativas contra Amad y su auxiliar Pamela Michlig. Oestmann advierte en su presentación que las actuaciones de la Fiscalía erosionan la transparencia y contravienen el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal, al desarrollarse “en la opacidad de investigaciones preliminares”. Asimismo, subraya el desconocimiento de la normativa que regula la educación superior y solicita que la auditoría evalúe “disparidades de criterio y eventuales apartamientos de la Constitución y las leyes”.
Tras la recepción del pedido, el Procurador General de la Nación dispondrá de 30 días para decidir si acepta el requerimiento. En caso afirmativo, la Unidad de Auditoría y Control Administrativo de la Fiscalía (UACAF) dispondrá de 90 días para presentar sus conclusiones y determinar si corresponde imponer medidas correctivas o disciplinarias.
En paralelo, la jueza federal subrogante de Sáenz Peña, María Belén López Macé, hizo lugar a la recusación planteada contra Amad en la causa que investiga a su auxiliar Pamela Michlig, derivada de la denuncia impulsada por Oestmann en 2022 por presunto prevaricato, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y usurpación de autoridad. Durante la audiencia, el fiscal Amad reconoció asumir la responsabilidad por los actos de sus subordinados y ratificó su accionar, lo que llevó a la magistrada a concluir que sus manifestaciones “comprometen su imparcialidad y objetividad” para continuar interviniendo en el expediente.
Con ambas instancias en marcha –la auditoría funcional solicitada al más alto nivel del Ministerio Público Fiscal y el apartamiento de Amad de la causa interna–, el caso sentará un precedente sobre los mecanismos de control y los límites de actuación del Ministerio Público en la provincia del Chaco.