El Gobierno nacional abrió una nueva etapa en su plan de concesionar parte de la red vial del país, convocando a audiencias públicas para debatir la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales actualmente bajo control estatal. Se trata de la segunda fase del proyecto de Red Federal de Concesiones (RFC), que involucra ocho tramos ubicados en el centro del país, atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.
Estas rutas, que hoy opera la empresa pública Corredores Viales S.A., incluyen vías estratégicas como la autopista Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas, la autopista Newbery, las rutas nacionales 3, 5 y 7, así como accesos clave a los puertos del río Paraná, en la región de Rosario.
La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 827/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, en la que la Dirección Nacional de Vialidad anunció la apertura de instancias de participación ciudadana. Según el texto oficial, el objetivo es “promover una mayor competencia, generar transparencia y confianza, y lograr mejores resultados para los usuarios”.
Las audiencias se realizarán entre el 11 y el 13 de junio, en distintas localidades bonaerenses. La primera será el miércoles 11 a las 10 de la mañana en San Miguel del Monte, donde se abordarán los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur. Al día siguiente, el jueves 12, también a las 10, se tratarán los tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano, en Junín. Finalmente, el viernes 13 tendrá lugar la audiencia sobre los tramos Portuario Sur y Portuario Norte, en San Nicolás de los Arroyos.
La participación en estas audiencias es libre y gratuita, con inscripción previa a través de un formulario disponible en la web de Vialidad Nacional, habilitado desde este lunes y hasta el 9 de junio.
Desde el Ejecutivo justificaron el avance de este plan señalando que “se generaron las condiciones para que el capital privado invierta en la operación y mantenimiento de estas trazas”, lo que permitiría reducir la carga financiera sobre el Tesoro nacional.
Además, se destacó que Vialidad Nacional seguirá siendo la autoridad encargada de fiscalizar y controlar los contratos de concesión, asegurando su cumplimiento y priorizando el interés de los usuarios. “Reafirmamos el compromiso con un sistema vial moderno, seguro y eficiente que promueva la integración territorial y el desarrollo económico del país”, concluyó el comunicado oficial.