En una jugada de alto impacto económico y político, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desarmó un negocio millonario que Biogénesis Bagó —el laboratorio ligado a Hugo Sigman y la familia Bagó— mantuvo por más de dos décadas en torno a la vacuna contra la fiebre aftosa. Con una modificación reglamentaria clave, el gobierno habilitó por primera vez la importación de vacunas utilizadas en países como Uruguay y Paraguay, lo que rompe el monopolio local y apunta a una baja significativa en los costos para el sector agropecuario.
“Desde 2001, Argentina impuso una exigencia técnica que virtualmente bloqueaba la competencia”, explicó Sturzenegger. Según el ministro, el protocolo argentino obligaba a utilizar una vacuna tetravalente —de cuatro cepas—, pese a que dos de esas cepas no circulan hace años. Esto dejaba a Biogénesis Bagó como el único proveedor posible.
La comparación de precios fue una de las claves del anuncio. Sturzenegger denunció que el laboratorio vendía la dosis a 1,20 dólares en Argentina, mientras que en Uruguay cuesta 0,72 y en Paraguay apenas 0,35, aun cuando en este último caso es la misma vacuna, fabricada por el mismo laboratorio.
El funcionario estimó que esa diferencia representó durante años una ganancia extra de 100 millones de dólares anuales, gracias a un esquema de regulación que, en los hechos, cerraba el mercado a la competencia internacional.
Aunque el cambio ya fue oficializado, el Senasa no llegó a autorizar las nuevas vacunas a tiempo para la campaña actual. Para peor, Biogénesis Bagó aumentó sus precios, lo que Sturzenegger calificó como “escandaloso”. Aun así, se espera que en los próximos meses la apertura del mercado impacte positivamente en los costos de producción ganadera, al permitir la entrada de vacunas certificadas en países con normas sanitarias equivalentes.
La medida no se limita a la fiebre aftosa: será extensiva a todos los productos veterinarios. Es, además, el primer golpe directo del gobierno de Milei contra uno de los grupos empresariales nacionales más influyentes en el sector farmacéutico y biotecnológico.
El mensaje implícito es claro: se acabaron los privilegios amparados en regulaciones técnicas restrictivas. Para el agro, podría significar una señal de alivio. Para el empresariado vinculado a regulaciones a medida, un aviso de que los tiempos cambiaron.