Este miércoles desde las 8:30, el Tribunal Oral Federal de Resistencia da inicio al segundo juicio oral contra la ex intendenta de Resistencia, Aída Ayala. La dirigente radical llega a esta instancia procesal ya con una condena de tres años de prisión en suspenso por fraude a la administración pública en contratos de recolección de residuos municipales.
En esta nueva causa, la Fiscalía Federal acusa a Ayala —en su paso como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior durante la presidencia de Mauricio Macri— de haber avalado la firma de un convenio en 2016 con el municipio de Quitilipi, por un subsidio de 960.093 pesos para la compra de herramientas y maquinaria. Según el fiscal Patricio Sabadini, el acuerdo fue direccionado en favor de la empresa “Service Hogar”, propiedad de Claudio Tolosa, con sobreprecios significativos que quedaron plasmados en la rendición final firmada por Ayala.
Junto a Ayala, están sentados en el banquillo el ex intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni; Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de la ex jefa comunal de Resistencia; y el empresario Claudio Tolosa. Balmaceda Paiva, además, es yerno de Ayala. El Ministerio Público sostiene que este entramado permitió la triangulación de fondos nacionales con municipios aliados, sin controles efectivos, y la homologación irregular de gastos.
El debate prevé la declaración de cerca de 30 testigos. Entre ellos figuran el ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien ejercía como ministro del Interior cuando Ayala dirigía la Secretaría de Asuntos Municipales y optó por concurrir por escrito, amparado por su investidura.
Las audiencias se extenderán a lo largo de varias jornadas y, según fuentes judiciales, se espera que el veredicto se emita antes de fin de mes. En caso de resultar condenada, Ayala afrontaría una pena máxima de hasta seis años de prisión por defraudación a la administración pública, agravada por su condición de funcionaria pública.
La ex intendenta de Resistencia, que también fue diputada nacional en 2017, llega a este juicio en un momento de menor perfil político, aunque con redes de influencia que aún se asocian a su nombre. La causa refleja nuevamente el foco sobre las contrataciones públicas durante la gestión de Cambiemos, con protagonistas que, según la acusación, actuaron “a pulgar alzado” para beneficiar a un empresario aliado.