En la provincia del Chaco, como en el resto del país, el voto es obligatorio para todas las personas entre 18 y 70 años. En las elecciones legislativas provinciales de este año, más de un millón de chaqueños están habilitados para acudir a las urnas, donde se renovarán 16 de los 32 escaños de la Cámara de Diputados, el órgano unicameral que conforma el Poder Legislativo chaqueño.
El Régimen Electoral del Chaco, en su artículo 119, establece que quienes no voten sin una justificación válida pueden recibir una multa económica que va desde los 50 a los 500 pesos. Esta sanción se aplica si el elector no justifica su ausencia ante el Juez de Paz del domicilio o el Tribunal Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección.
Además, el infractor que no presente justificación no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la fecha del comicio. El impago de la multa puede derivar en sanciones administrativas adicionales, y la infracción queda registrada oficialmente. Los expedientes pueden alcanzar a una persona en particular o a un grupo, y serán resueltos por el Tribunal Electoral.
Para evitar estas consecuencias, es necesario justificar la ausencia. Si la persona realiza la gestión correctamente, se le entrega una constancia de justificación. En caso de hacerlo ante un juez o autoridad distinta al Tribunal Electoral, la información será derivada oficialmente a ese organismo para su análisis y registro.
Algunas personas están exceptuadas de votar si cumplen ciertos requisitos y presentan la documentación correspondiente. Es el caso de los jueces y auxiliares de justicia que deban mantener abiertas sus oficinas durante el acto electoral; las personas que se encuentren a más de 300 kilómetros del lugar donde deben votar, siempre que acrediten una causa razonable; y quienes estén enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor, debidamente comprobadas por médicos oficiales o, en su defecto, médicos particulares. En todos los casos, es necesario solicitar un certificado en la autoridad policial más cercana o ante un profesional de salud habilitado, según corresponda.