Viviana Aguirre, desplazada de su cargo en La Plata, acusa a dirigentes libertarios de exigir retornos y encubrir maniobras ilegales. La obra social de los jubilados, PAMI, volvió a quedar en el centro de la polémica tras las graves denuncias públicas de una exfuncionaria designada por el actual gobierno nacional. Viviana Aguirre, diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA) y hasta hace poco coordinadora del organismo en La Plata, acusó a dirigentes de su propio espacio político de presionar para encubrir maniobras de corrupción y de haberla cesanteado por negarse a colaborar con ellas.
Aguirre apuntó directamente contra Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA y cercano a Karina Milei, y contra su colaborador Juan Osaba, a quienes señaló como responsables de pedirle dinero a cambio de su nombramiento y de intentar involucrarla en maniobras ilícitas.
En declaraciones televisivas, la exfuncionaria aseguró contar con grabaciones, audios y capturas de pantalla que ya presentó ante la Justicia. En su denuncia formal, radicada en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla, sostiene que se le exigía un millón de pesos mensuales en concepto de “retorno”, antes incluso de asumir su cargo.
“Me ofrecieron el puesto con la condición de entregar parte del sueldo. Cuando me negué a firmar papeles ilegales, me desvincularon”, relató. Según su testimonio, al acceder al cargo comenzó a relevar presuntas irregularidades administrativas vinculadas a compras, provisión de insumos y nombramientos.
Aguirre también afirmó haber intentado comunicarse con el presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros referentes del partido, sin obtener respuesta. “La casta sigue adentro. Milei nos usó para la campaña y después nos dejó afuera”, dijo.
El caso se suma a otras situaciones que ya habían encendido alertas dentro del organismo. En los últimos meses, salieron a la luz denuncias similares en Santa Fe y en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionarios nombrados por LLA también fueron señalados por manejos discrecionales, designaciones políticas y posibles sobreprecios en contrataciones.
En paralelo, desde el PAMI se difundió recientemente un comunicado institucional en el que se admite la existencia de “mafias internas” y se anuncia una “revisión profunda” de los procedimientos de compra, entrega de insumos y designaciones. El documento menciona un “uso llamativamente elevado” de vías de excepción que podrían haber sido utilizadas para evitar licitaciones y mecanismos de control.
Las autoridades del organismo aseguraron que se está llevando adelante una auditoría interna, y que, en caso de verificarse irregularidades, se avanzará con las sanciones correspondientes.