La Legislatura de Chaco sancionó el proyecto de ley 1861/24 que legaliza la habilitación para comercializar madera obtenida de las deforestaciones, establece un incremento en las multas por desmontes realizados sin permiso y crea un régimen de restauración de bosques nativos. La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan José Bergia, denunciado en 2024 por su connivencia con los desmontes ilegales y que además está vinculado con empresarios como Roberto Nardelli, responsable de estas prácticas. La nueva norma provocó el repudio de las organizaciones socioambientales.
La norma sancionada modifica la Ley 2079-R, establece que las multas serán de diez veces el valor de base de la hectárea afectada y deberán ser abonadas por quienes deforesten sin permiso. Pero además, legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes. En febrero, el Poder Judicial chaqueño decidió prorrogar por otros seis meses la suspensión de los desmontes en toda la provincia, tras la denuncia realizada por Abogados Ambientalistas de Argentina. En 2024 se perdieron casi 40.000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde la organización Somos Monte Chaco señalaron que el proyecto tratado no tuvo en cuenta las advertencias de organizaciones y expertos realizadas en una reunión mantenida con los diputados el 4 de abril. Cuestionaron que busca legalizar la venta de madera talada ilegalmente y que no excluye especies foráneas (como el pino o el eucalipto) en los planes de reforestación. “Rechazamos esta forma de legislar que no garantiza participación real, como exigen la Constitución, la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú”, manifestaron.
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