En respuesta al desfinanciamiento creciente que impone la Casa Rosada, más de veinte intendentes de distintas fuerzas políticas lanzaron en Tucumán el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), un espacio que busca articular estrategias comunes para resistir el vaciamiento de recursos y competencias impulsado por el gobierno nacional.
La foto de unidad dejó un mensaje claro: el ajuste no tiene impacto neutro y los municipios —los primeros mostradores del Estado— no piensan seguir absorbiendo sin respuesta los costos sociales del programa libertario.
“Somos nosotros los que damos la cara todos los días cuando no hay vacunas, cuando se caen los subsidios o cuando se frenan las obras. ¿A quién creen que le exigen los vecinos?”, lanzó con crudeza el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sintetizando el malestar generalizado ante el retiro deliberado del Estado nacional en áreas clave como transporte, salud, educación y obra pública.
El reclamo fue transversal. Desde Rossana Chahla, anfitriona y jefa comunal de San Miguel de Tucumán, hasta Pablo Javkin, intendente de Rosario, coincidieron en un punto: el gobierno de Javier Milei concentra poder económico y debilita las autonomías locales mientras mantiene la presión fiscal. “El impuesto a los combustibles, que debía financiar el transporte, no desapareció: aumentó siete veces en el último año. Pero las provincias y municipios reciben cero”, denunció Javkin.
El detonante más reciente fue la decisión del Ejecutivo de modificar el esquema de anticipos del impuesto a las Ganancias. A través de la AFIP, se eliminó el pago adelantado que las empresas hacían en junio, lo que representaba un ingreso clave para las arcas provinciales y municipales. Ahora se cobrará en cuotas, lo que traslada el perjuicio financiero directamente a los gobiernos locales.
A esto se suman las obras públicas paralizadas por Nación, muchas de ellas en su tramo final, que los municipios ahora intentan terminar con recursos propios. Paradójicamente, pagan IVA por esos trabajos al mismo Estado que se desentendió de financiarlas.
El armado del COFEIN —al estilo del histórico CFI— busca proyectarse como espacio técnico-político de incidencia nacional. No se trata solo de coordinar reclamos: también se proponen generar propuestas, compartir herramientas de gestión y construir músculo político frente a un esquema que, denuncian, concentra recursos en el AMBA mientras castiga al resto del país.
Con la mira puesta en la defensa del federalismo real, el nuevo foro ya representa a 6,9 millones de argentinos y amenaza con romper el cerco discursivo que busca instalar que todo el gasto público es privilegio. En los hechos, advierten, el ajuste libertario ya dejó de ser una consigna para transformarse en una transferencia de responsabilidades sin fondos, y en una amenaza directa a la viabilidad de cientos de municipios del interior profundo.