El Hospital Garrahan, emblema de la salud pediátrica en Argentina, cerró sin justificativos claros la residencia de trabajo social, dejando sin formación a futuros profesionales que cumplían un rol esencial en el acompañamiento de niños en situaciones de extrema vulnerabilidad. La medida, ejecutada por el Ministerio de Salud, no responde a una necesidad presupuestaria sino a una decisión política que apunta, una vez más, contra la estructura multidisciplinaria del sistema público.
Mientras se incrementan las vacantes en otras residencias médicas, el recorte selectivo del área social evidencia una intención deliberada de eliminar la perspectiva integral en el tratamiento de los pacientes. “Es un ataque directo al abordaje interdisciplinario. Se pretende borrar la idea del sujeto como portador de derechos y reducirlo a un caso clínico”, denunció Inés Tsakoumagkos, trabajadora social del hospital y referente gremial.
La residencia que ahora se desactiva era única en su tipo: permitía formar profesionales en un contexto de alta complejidad pediátrica. Los residentes no solo acompañaban tratamientos prolongados, sino también intervenían en situaciones de violencia sexual, maltrato infantil, desarraigo y pobreza estructural. «Nos quieren fuera de los hospitales, como si el trabajo social no fuera parte de la salud», alertó Dalila Cerrotti, residente de segundo año.
A pesar de la gravedad de la medida, no se emitió ningún comunicado oficial con fundamentos técnicos. El recorte fue abrupto y sin diálogo. Mientras tanto, el ministro Mario Lugones celebra en redes sociales el “déficit cero” del hospital, sin mencionar los recortes salariales y el vaciamiento de áreas sensibles que hacen posible ese ajuste.
El Garrahan no solo realiza cirugías de altísima complejidad como trasplantes cardíacos o neurocirugías en niños. También recibe a familias enteras del interior del país que necesitan alojamiento, contención emocional, alimentos y ayuda para sostener un tratamiento en condiciones adversas. Ese acompañamiento corre por cuenta del área de trabajo social, ahora reducida a su mínima expresión.
Con esta decisión, el Gobierno profundiza el desmantelamiento del sistema de salud pública y elimina una herramienta fundamental para garantizar derechos.